Hemos podido ver la exposición que hacia en el congreso de los diputados del Dr. Joan-Ramon Laporte Rosello, uno de los eminentes expertos españoles en fármaco vigilancia. En el minuto 24,15 de este vídeo, habla sobre la mortalidad por Covid en las residencias y como ésta ha sido 57 veces mayor que en la población en general, relacionando esta mortalidad con los hábitos de poli-medicar que se dan en las residencias.
Antipsicóticos, neurolépticos, analgésicos, opioides, hipnóticos, sedantes o antidepresivos que aumentan 4 veces la probabilidad de desarrollar una neumonía y que se dan a los pacientes de las residencias sin justificación médica en en 40% de los casos.
Llega a citar un estudio científico desarrollado en Irlanda en el que queda evidenciado como 4 de cada 10 pacientes mortales o graves ingresados en UCI, sería atribuible esa muerte o gravedad a la exposición de estos pacientes a estos fármacos.
El negocio de las residencias está en gran parte en manos de compañías multinacionales o fondos buitre que han detectado un nicho de mercado muy lucrativo y que tristemente ha convertido el cuidado y asistencia de las personas vulnerables en un mero negocio. ¿Por qué se sobre medica a los pacientes de las residencias? Porque la falta de personal hace que para poder proteger a estas personas de caídas, por ejemplo, se les haya que medicar.
Cuando Dña. Catalina, que padece una demencia, se agita e intenta levantarse de su silla y andar por la residencia, se valora la necesidad de contener esas conductas con medicación, para que esté “tranquilita” y no se caiga. No se valora que Doña Catalina pueda ser atendida por un cuidador que la coja de la mano, que intente tranquilizarla, que la haga una infusión, que la hable con calma, que la ayude a respirar profundo y que la abrace hasta que se calme, porque no hay personal suficiente para ello.
Si después de esta pandemia, no nos damos cuenta de que el cuidado de las personas vulnerables no puede estar en manos de fondos de inversión y que es necesario regular este tipo de actividades para que no puedan mercantilizarse hasta la deshumanización, no habremos aprendido nada de nada. Que no es ético hacerse inmensamente rico a través del negocio del cuidado de las personas vulnerables.
Si se regularan estas actividades, limitando por ley, las unidades de convivencia a 15 personas, ni una más, igual estos fondos de inversión buscarían nichos de mercado en otros lares. Y hablo de unidades de convivencia pequeñas, porque es la única manera de tratar a las personas con la cercanía y el respeto que vamos a necesitar todos cuando lleguemos a hacernos mayores.
Porque con quince personas conviviendo junto a los profesionales competentes, se puede llegar a conocer a cada una de las personas, a conectar con ellas, a vincularnos y a buscar la manera de ayudarles en sus necesidades desde una perspectiva más humanista y menos medicamentosa.
Estas unidades de convivencia pequeñitas ya serían gestionadas por personas con nombres y apellidos que se aventurasen a esta labor principalmente por vocación, y no por grandes multinacionales, porque este “negocio” debe ser vocacional, o no debe ser. Se ampliaría el tejido empresarial pequeño y muchas personas podrían ganarse la vida muy bien, haciendo una bonita labor, sin el objetivo de hacerse inmensamente ricos, que es el único objetivo que mueve a las multinacionales y a los fondos de inversión.
